Batallas en internet: La parábola de la SOPA y la PIPA.

Fuente: MSemanal

La SOPA y la PIPA llegaron al Congreso hace apenas unos meses, debido al intenso cabildeo de la industria del entretenimiento y de la todopoderosa Cámara de Comercio local, pues sostienen que por las descargas ilegales el país pierde 130 mil millones de dólares al año. Pero el revuelo que armó el intento de debatirlas en el Congreso adquirió dimensión mundial y terminó por instalarse en la incipiente campaña electoral de EU. El masivo rechazo popular y la oposición de empresas como Google, Facebook, Twitter, Yahoo y la Fundación Wikipedia fue tal que el apoyo con el cual contaban ambas iniciativas se fue diluyendo con el correr de la horas, hasta obligar a sus impulsores a suspender la votación legislativa “hasta que haya mayor consenso”.

Mientras que en español, debido a su extraña sonoridad, la batalla en internet parecía salida de las páginas de Mafalda (“¡No a la SOPA y la PIPA!”), a nivel global la red vivió una de las más intensas revueltas de su historia. De la noche a la mañana sitios como Facebook y Twitter se llenaron de referencias a ambos proyectos, se hicieron videos explicativos en varios idiomas, se postearon infinitos manifiestos en las redes sociales, se abrieron foros de debate y se organizaron diversos tipos de protestas. Pero dos fueron los hitos en señal de protesta que contribuyeron a concentrar los reflectores mundiales en la discusión: el cierre por 24 horas de la versión en inglés de Wikipedia, y el gigantesco ataque organizado por el grupo de hackers activistas Anonymous contra las páginas web del FBI y de las grandes compañías de entretenimiento global que apoyaban la iniciativa. En medio del ruido y la agitación quedaron olvidadas, muchas veces, las implicaciones de estos proyectos para la vida de la red y el irresuelto debate de fondo sobre los derechos de propiedad intelectual y los límites de la libertad en internet.

La PIPA y la SOPA

Durante los últimos años varios fueron los países que comenzaron a discutir proyectos legales para proteger los derechos de autor en la web. Pero por el peso que tiene en internet y por su gigantesca capacidad tecnológica, en ningún otro lugar el debate levantó tantas ampollas ni se volvió tan global como cuando se instaló en EU. La mera posibilidad de que el Capitolio aprobara una ley como SOPA, que obliga a los proveedores de internet a vigilar a sus usuarios, faculta al gobierno a cerrar páginas alojadas en el país aunque sus dueños residan en el extranjero (algo muy usual actualmente en la red), que permite al Departamento de Justicia cerrar webs sin orden judicial y que posibilita el uso de tecnologías de control como las que usan China o Irán para censurar la red, puso los pelos de punta a usuarios y empresas tecnológicas. Por si fuera poco, los proyectos presentados pretendían que empresas como Facebook, Flickr o YouTube respondieran por el contenido publicado por sus usuarios cuando hubiera sospecha de que se estaba violando la propiedad intelectual. Los buscadores (como Google) también estarían obligados a retirar de sus motores de búsqueda aquellos sitios que propician la piratería, y portales como Wikipedia podrían verse afectados por publicar contenidos que no les pertenecen. En unos días, alrededor de 200 grandes empresas tecnológicas expresaron sus reservas ante el Congreso, al que advirtieron que la PIPA y la SOPA fragmentarían internet, dificultarían la innovación tecnológica y supondrían una avasallamiento de las libertades ciudadanas por parte del gobierno. El sitio Propública, que contó desde un comienzo las adhesiones de senadores y diputados, constató en pocas horas cómo se fueron diluyendo los apoyos hasta obligar a suspender las votaciones de las propuestas de ley, previstas para febrero. El debate no sólo movilizó a la hiperactiva comunidad de internautas. Tim O’Reilly, uno de los más influyentes analistas de las nuevas tecnologías, puso el dedo en la llaga al afirmar que “la solución debe llegar desde el propio mercado, no de una intervención gubernamental”, y prestigiosos organismos, como la Fundación por la Libertad Electrónica, advirtieron que el derecho a compartir está protegido por la libertad de expresión. Mientras los argumentos de la industria se reducen a exigir que se pague por sus contenidos, desde la vereda de enfrente se recuerda no sólo la inutilidad de estas leyes de control (“hay todavía cientos de métodos para intercambiar archivos, y cada vez que se cierra uno, aparecen 15 más”, afirma el catedrático español Enrique Dans) sino también el daño que pueden provocar legislaciones de esta naturaleza en manos de gobiernos autoritarios.